EL DERECHO HUMANO AL NOMBRE: LA LIBERTAD DE LOS PADRES PARA PONER EL NOMBRE A SUS HIJOS

niñosEn este artículo tratamos el tema del derecho humano que tienen los ´padres o tutores de registrar el nacimiento de sus hijos con el nombre elegido libremente por ellos. El análisis del caso se efectúa desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de derechos humanos, la legislación secundaria de la materia y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Creemos que cualquier negativa del Registro Civil de registrar al hijo con el nombre propuesto por la madre, el padre o por ambos, o por el tutor o tutores que no esté contemplada en ley o convenio internacional, puede llevar a la presunción de que los padres del menor y el propio menor estén siendo presas de discriminación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe la discriminación terminantemente de la manera siguiente:

Artículo 1º. Párrafo primero:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Párrafo último:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 29. En el segundo párrafo, se señala que no podrán restringirse el ejercicio de ciertos derechos, entre ellos el “derecho al nombre” de la manera siguiente:

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

Para enriquecer lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tesis Aislada: 1a. XXV/2012 (10a.), Registro 2000213., Décima Época; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1; Pág. 653; del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y como ponente el Ministro José Ramón Cossío Díaz, bajo el rubro DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU SENTIDO Y ALCANCE A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, señala:

Conforme a las obligaciones establecidas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 29 del mismo ordenamiento, se advierte que el sentido y alcance del derecho humano al nombre, a partir de su propio contenido y a la luz de los compromisos internacionales contraídos por el Estado Mexicano en la materia, son el conjunto de signos que constituyen un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad; este derecho está integrado por el nombre propio y los apellidos; lo rige el principio de autonomía de la voluntad, pues debe elegirse libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del registro; y, por tanto, no puede existir algún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho ni interferencia en la decisión; sin embargo, puede ser objeto de reglamentación estatal, siempre que ésta no lo prive de su contenido esencial; incluye dos dimensiones, la primera, relativa a tener un nombre y, la segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado originalmente por los padres al momento del registro, por lo que, una vez registrada la persona, debe garantizarse la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido; y, es un derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepción. Así, la regulación para el ejercicio del derecho al nombre es constitucional y convencionalmente válida siempre que esté en ley bajo condiciones dignas y justas, y no para establecer límites que en su aplicación equivalgan en la realidad a cancelar su contenido esencial.

De dicho criterio jurisprudencial se desprenden los elementos siguientes:

  1. El sentido y alcance del derecho humano al nombre son el conjunto de signos que constituyen un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad.
  2. Este derecho está integrado por el nombre propio y los apellidos.
  3. Lo rige el principio de autonomía de la voluntad, pues debe elegirse libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del registro; y, por tanto, no puede existir algún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho, ni interferencia en la decisión.
  4. Puede ser objeto de reglamentación estatal, siempre que ésta no lo prive de su contenido esencial.
  5. Incluye dos dimensiones, la primera, relativa a tener un nombre, y la segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado originalmente al momento del registro por los padres o tutores.
  6. Es un derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepción.
  7. La regulación para el ejercicio del derecho al nombre es constitucional y convencionalmente válida, siempre que esté en ley bajo condiciones dignas y justas, y no para establecer límites que en su aplicación equivalgan en la realidad a cancelar su contenido esencial.

Convención sobre los Derechos del Niño

Esta Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 7, establece que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

Además, en este mismo precepto establece, para los Estados Partes, la obligación de velar por la aplicación de estos derechos, de conformidad con su legislación nacional en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

También la Convención en el artículo 8, señala que los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas. Además, cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 24 señala lo siguiente:

  1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.
  2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto al derecho al nombre del niño, en el artículo 18, dispone: Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.

Código Familiar del Estado de Sinaloa

A manera de ejemplo hacemos referencia solamente al Código Familiar del Estado de Sinaloa, México. Este ordenamiento en el artículo 34 establece:

El nombre es un atributo legal que individualiza a una persona en sus relaciones jurídicas. Se forma con el nombre propio que le impone libremente quien la presenta para su registro, seguido de los apellidos, los cuales serán el primero del padre, y como segundo, el primero de la madre. No se admitirán cambios, agregaciones o rectificaciones del nombre, sino en las circunstancias y con las formalidades señaladas en este Código. El oficial del registro civil, exhortará a quien presente al menor de edad para que el nombre propio con el que se pretende registrar no sea peyorativo, discriminatorio, infamante, denigrante, carente de significado, o que constituya un signo, símbolo o siglas, o bien que exponga al registrado a ser objeto de burla.

Lo resaltado en negritas y cursivas son las limitantes legales que impone el Código Familiar del Estado de Sinaloa, al principio de autonomía de la voluntad de los padres o tutores para poner el nombre deseado a sus hijos, y que según nuestra opinión va en el sentido correcto fijado por el criterio jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citado líneas arriba. Faltaría agregar en dicho artículo 34 lo que señala el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que el niño puede llevar en algunas ocasiones solamente el apellido de uno de los padres; por ejemplo, cuando el padre se niega a reconocer al hijo, etcétera.

Conclusión

Concluimos diciendo que en el supuesto de que algún oficial del registro civil se niegue a registrar el nacimiento de un niño con el nombre propuesto por los padres o tutores, sin causa legal que motive y funde su decisión de acuerdo al mandato constitucional, convencional y jurisprudencial, se le estaría violando al niño su derecho humano al nombre y, al mismo tiempo, se violarían los derechos humanos de los padres o tutores al nesgarles la posibilidad de elegir libremente el nombre de su hijo, libertad sustentada en el “principio de autonomía de la voluntad”, el cual, según la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se traduce en la libertad de los padres o tutores de ponerle un nombre a su hijo.

Los principios constitucionales y convencionales que deberá observar la autoridad del registro civil, son: a) el principio de igualdad; b) el principio de prohibición de cualquier forma de discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, consagrados en el artículo 1º. Constitucional; c) el principio de identidad consistente en el derecho al nombre, consagrados en el artículo 1º. y 29 constitucionales, y en los artículos 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño; y 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Cualquier contravención a estos principios puede ser impugnada vía juicio de amparo por el particular que sienta afectado su derecho humano de elegir libremente el nombre de su hijo.

Fuentes consultadas

Código Familiar del Estado de Sinaloa. (2013)  Obtenido  de

http://info4.juridicas.unam.mx/adprojus/leg/26/1062/35.htm?s=

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). Obtenido   de

Haz clic para acceder a 1_07jul14.pdf

Convención Americana sobre Derechos Humanos. (1969). Obtenido de

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm

Convención sobre los Derechos del Niño. (1989). Obtenido de

Haz clic para acceder a CDN_06.pdf

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. (1966) Obtenido de

Haz clic para acceder a D47.pdf

LA SUPREMACÍA DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

images derecho internacionalEn este trabajo exponemos los argumentos que sustentan la imperatividad de la aplicación de las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales, cuando no se encuentra solución a casos concretos en el derecho interno, y la obligación de los Estados Partes de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Definición de tratado internacional

Tratado es un acuerdo internacional de voluntades o, en otros términos, es un acuerdo celebrado entre sujetos jurídicos del orden internacional. Desde el punto de vista de su denominación, es indiferente que sean cualificados como tratados, acuerdos, acuerdos simplificados, protocolos, convenios o convenciones, entre otras, puesto que, materialmente, todos son tratados.

Según la Ley Sobre la Celebración de Tratados (artículo 2º.), tratado es el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos del Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asume compromisos.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, define los tratados internacionales en su artículo 2º., párrafo 1, inciso a), señalando: “Se entiende por ‘tratado’ un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”.

De tal disposición se concluye que la Convención se aplica sólo a: 1) tratados celebrados entre Estados; 2) por escrito; 3) regidos por el Derecho Internacional Público (Ortiz, 2006), pudiéndose concluir que tratado es un acto jurídico, ya que es la manifestación de voluntad emitida los Estados con la intención de que se produzcan las consecuencias de derecho que se han pactado.

Aspectos que sustentan el carácter supranacional de las normas sobre derechos humanos

Las características de los ordenamientos internacionales  sobre derechos humanos, son las que les otorgan a dichos instrumentos la supremacía normativa sobre el derecho interno, sustentada ésta en el acuerdo de voluntades expresado en forma libre por una comunidad de países que coinciden en señalar la existencia de ciertos derechos comunes a todo el género humano. Por lo tanto, es obligación de todos los países libres y democráticos defenderlos y garantizarlos a través de la suscripción y ratificación de convenios internacionales.

El fin de los tratados sobre derecho humanos

El fin de los tratados sobre derechos humanos es diferente a otros, debido a que los compromisos que se suscriben son de cara a las demás partes, mas no para el beneficio de ellas ni del propio Estado firmante.

Los Estados pactan proteger los derechos de los individuos, se adquieren obligaciones a favor de los habitantes del Estado, no de otro Estado. Las obligaciones adquiridas a través de los tratados otorgan a la persona la calidad de sujeto de derecho internacional, haciéndolo beneficiario de los derechos contenidos en el tratado.

De tal manera, “los tratados sobre derechos humanos no ‘crean’ derechos sino, más bien, los reconocen como anteriores a la celebración del tratado y como inherentes a las personas; por tanto, éstas los tienen, a pesar de no expresar su consentimiento o, aun más, a pesar de que no desearen tenerlos” (Corcuera, 2006, p.72).

Al plasmarse la voluntad de las partes de la comunidad internacional democrática, no lo hacen con el propósito de la obtención del beneficio propio ni de algún Estado en concreto, pues se entiende que los beneficiados directos son los seres humanos de cada Estado.

El fin último es la protección del ser humano de los regímenes autoritarios violadores de los derechos fundamentales. Ésta es la esencia del nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas y la posterior firma y ratificación de tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Al respecto, es ilustrativa la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, expresada en cuanto a las reservas a la Convención contra el Delito de Genocidio (citada por Corcuera, p. 73), manifestando la Corte:

La Convención fue adoptada manifiestamente para un propósito puramente humanitario y civilizante (…) En dicha Convención los Estados contratantes no tienen ningún interés común, llámese el logro de esos altos propósitos que son la raison d’etre [razón de ser] de la Convención. Consecuentemente, en una convención de este tipo no se puede hablar de ventajas o desventajas individuales de los Estados, o del mantenimiento de un equilibrio contractual perfecto entre derechos y obligaciones.

Normas imperativas o de jus cogens (la ley obliga)

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, define las normas de jus cogens en el artículo 53, señalando:

Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (“jus cogens”). Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario  y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general  que tenga el mismo carácter.

Del contenido del artículo 53 descrito, se desprenden las siguientes características de las normas de jus congens: 1) Es una norma de derecho internacional, que obliga a todos los Estados. 2) Es una norma imperativa que no admite acuerdo en contrario. 3) La norma debe ser reconocida por la comunidad internacional en su conjunto. 4) dicha norma sólo puede ser modificada por otra norma que tenga el mismo carácter.

A principios de los años setenta, la Corte Internacional de Justicia en la sentencia sobre el asunto Barcelona Traction, del 5 de febrero de 1970, (citado por Ortiz, 2004, p. 28), se refirió a la existencia de ciertas normas imperativas, expresando:

En particular debe establecerse una distinción esencial entre las obligaciones de los Estados respecto de la comunidad internacional en su conjunto y las que nacen respecto a otro Estado dentro del marco de la protección diplomática. Por su naturaleza misma,  las primeras conciernen a todos los Estados. Dada la importancia de los derechos en cuestión, todos los Estados pueden ser considerados como poseedores de un interés jurídico en que tales derechos sean protegidos, las obligaciones de que se trata son obligaciones erga omnes [respecto de todos]. Estas obligaciones derivan por ejemplo, en el derecho internacional contemporáneo, de la puesta fuera de la ley de los actos de agresión y de genocidio, pero así mismo de los principios y normas concernientes a los derechos fundamentales de la persona humana, incluida la protección contra la práctica de la esclavitud y la discriminación racial.

El carácter absoluto de los derechos humanos

Los derechos humanos que reúnen la característica de absolutos, según el artículo 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son:

  1. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
  2. Derecho a la vida.
  3. Derecho a la integridad personal.
  4. Prohibición de la esclavitud y servidumbre
  5. Principios de legalidad y retroactividad.
  6. Libertad de conciencia y religión.
  7. Protección a la familia.
  8. Derecho al nombre.
  9. Derechos del niño.
  10. Derecho a la nacionalidad.
  11. Derechos políticos, y las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

Estos derechos por su naturaleza de absolutos, no pueden ser suspendidos ni restringidos por el Estado mexicano, ni por otro que sea parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la reforma de derechos humanos de 10 de junio de 2011, en el artículo 29 señala los derechos humanos que no puedes ser restringidos ni suspendidos coincidiendo con los antes descritos; además de nada serviría que los restringiera o suspendiera, por la obligación del Estado de someterse al mandato de los instrumentos internacionales (por tanto supranacionales), a los que se sujetó de manera voluntaria como nación soberana.

Conclusión

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 1º. establece la obligación de los Estados Partes de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna por motivos de raza color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Lo anterior significa que el Estado debe mantener su actividad dentro del margen de respeto a los derechos de las personas, y adquiere la responsabilidad de garantizar la organización y preparación de la administración pública para evitar la violación de esos derechos, y se obliga, también a establecer los mecanismos necesarios para su reparación en caso de que se requiera ésta.

Asimismo, pacta sunt servanda (los acuerdos deben mantenerse) es el principio básico que rige la observancia de los tratados, principio enunciado en la Parte II, sección primera, artículo 26 de la convención de Viena sobre del Derechos de los Tratados, señalando que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe.

Además, el artículo 27 de la misma Convención de Viena, acerca del derecho interno y la observancia de los tratados, indica que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.

Entonces, si los Estados Partes en forma voluntaria y libremente, sin presiones y con el fin supremo de velar por los intereses de humanidad, deciden agruparse en una comunidad de naciones, y mediante instrumentos internacionales plasman esa voluntad y deciden la forma recíproca de obligarse, aceptando así la competencia del derecho internacional de los derechos humanos como instancia superior y complementaria del derecho interno, para dirimir los casos que no fue posible dar solución en la jurisdicción interna, resulta por demás lógico que de tales circunstancias deriva la supremacía del derecho internacional de los derechos humanos.

Además, se reconoce la existencia de normas de derecho internacional que obligan a todos los Estados, y que tales normas imperativas (de jus cogens) no admiten acuerdo en contrario, ya que son normas reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto, pues son consustanciales al ser humano y que, por lo tanto, no son derogables; y dichas normas sólo pueden ser modificadas por otras normas que tengan el mismo carácter y mejore el contenido, pero nunca restringiéndolo.

El Estado Mexicano ha aceptado materialmente la supremacía del derecho internacional de los derechos humanos. Lo más reciente es el acatamiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco. Asimismo, hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretando las normas convencionales; en múltiples sentencias los jueces de amparo han resuelto sobre las bases del derecho interamericano.

También, el Estado Mexicano, con el fin de ajustar el derecho interno al derecho internacional de los derechos humanos, ha hecho reformas constitucionales. Por ejemplo, la publicada el 12 de diciembre de 2005, estableciendo el “sistema de justicia para adolescentes”, acatando así lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño; y con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, reconoce que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia (principio pro homine [para el hombre]).

El principio pro homine implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derecho protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. Dicho principio se contempla en los artículos 29 de la Convención American sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 y el 20 de mayo de 1981.

 Fuentes consultadas

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). Obtenido de  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_07jul14.pdf

Convención Americana sobre Derechos Humanos. (1969). Obtenido de

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. (1969). Obtenido de

Haz clic para acceder a Detratados.pdf

Corcuera, S. (2006). Derecho constitucional y derecho internacional de los derechos

humanos. Ciudad de México, México: Editorial Oxford.

Ley Sobre la Celebración de Tratados. (1992). Obtenido de

Haz clic para acceder a 216.pdf

Ortiz, L. (2004). Derecho internacional público, 3ª ed. Ciudad de México, México:

Editorial Oxford.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (1966). Obtenido de

Haz clic para acceder a D47.pdf